El Gobierno puso primera, y estableció importantes modificaciones que impactan en la vida de millones de conductores argentinos.

Con la publicación del Decreto 196/25, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Licencia Nacional de Conducir entran en una nueva etapa que promete desburocratizar el sistema, pero que, como suele suceder en estos casos, también plantea interrogantes sobre su implementación y fiscalización.

Revisión Técnica Obligatoria

Los cambios son de fondo. A partir de ahora, la RTO podrá realizarse en cualquier taller, concesionaria o importador de vehículos que cumpla con los requisitos técnicos establecidos. El nuevo rótulo: Taller de Revisión Técnica (TRT).

Esto implica que se elimina la obligación de realizar la revisión en función del lugar de radicación del vehículo. En los papeles, se democratiza el proceso y se aliviana la carga de trámites para los conductores. En la práctica, habrá que ver cómo se garantiza la calidad de la revisión en una red tan heterogénea.

Los vehículos particulares 0km tendrán un plazo de 60 meses desde su patentamiento para realizar su primera RTO. Una medida que parece lógica si se considera el avance en la calidad de fabricación y el menor desgaste en los primeros años de uso. Pero atención: para vehículos no particulares, el plazo de gracia será de 12 meses como máximo, según lo que determine cada autoridad jurisdiccional. Aquí aparece la letra chica: si cada provincia regula a su modo, podríamos volver al laberinto federal del que se intentaba salir.

En cuanto a la periodicidad, también hay novedades: si el vehículo tiene menos de 10 años, la revisión será válida por 24 meses. Superada esa antigüedad, la vigencia baja a 12 meses. Una decisión razonable que contempla el envejecimiento del parque automotor argentino, cada vez más longevo.

Licencia Nacional de Conducir

El cambio más disruptivo llega con la Licencia Nacional de Conducir. El nuevo sistema establece que será digital, y podrá ser replicada en formato físico. El dato más saliente: el formato físico no tendrá vencimiento, y su validez estará atada a la licencia digital. Una decisión moderna, acorde a los tiempos, aunque no exenta de dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa en un control policial si el conductor no tiene batería en el celular o no hay conectividad?

En el caso de la licencia profesional, se mantienen los criterios según la edad: 5 años de vigencia para menores de 65, 2 años hasta los 70, y renovación anual para mayores de esa edad. El trámite será digital: carga de datos personales, documentación respaldatoria y elección del prestador habilitado para el curso de validación y el examen psicofísico.

La ANSV tendrá un rol protagónico. Será el organismo que centralice la información, registre a los prestadores y ofrezca la plataforma para que los conductores realicen todo el proceso desde su casa. Una simplificación bienvenida.

Para la renovación/validación de licencias clases C, D y E, el solicitante deberá ingresar al aplicativo web, provisto por la ANSV, cargar sus datos personales y acompañar la documentación requerida para el tipo de trámite que requiera. En esta instancia deberá elegir en cuál de los prestadores, previamente registrados en la ANSV, realizará el curso de validación de competencias correspondiente y el pertinente examen psicofísico.

Interrogantes y futuro

Ahora bien, más allá del impacto de las reformas, la magnitud y variedad de ámbitos de aplicación de este decreto generaron no solo una gran expectativa, sino también una avalancha de consultas. ¿Cuándo entra en vigencia cada punto? La respuesta no es única. Algunas medidas comenzaron a regir de forma inmediata, apenas publicada la norma en el Boletín Oficial el 17/03/2025.

Pero la mayoría de los cambios tiene plazos escalonados, que van desde los 60 días hasta un año y medio. Incluso hay reformas sin fecha tope: el Gobierno les dio un marco legal para que puedan ser implementadas cuando cada jurisdicción o actor del sistema lo considere oportuno.

En otras palabras: el decreto abre la puerta, pero no todos cruzarán al mismo tiempo.

Las nuevas medidas buscan modernizar y agilizar el sistema vial argentino. Pero como todo cambio estructural, necesita una implementación eficiente y un control estricto. Porque si la RTO se convierte en un mero sello sin controles, y si la licencia digital no cuenta con un respaldo operativo sólido, podríamos pasar de una burocracia pesada a una informalidad peligrosa.